Finanzas sostenibles, ¿cómo protege la regulación a los inversores?

Tras la crisis financiera de 2008, la Unión Europea reforzó la regulación de las inversiones financieras para mejorar la transparencia hacía los inversores minoristas. Desde entonces, el arsenal normativo se ha enriquecido para proteger los intereses de los ahorradores, sobre todo en materia de inversión sostenible.

Hace catorce años, la quiebra del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers desencadenó una gran crisis financiera. Si bien la caída de esta institución perjudicó a varios actores del sector financiero, así como a empresas industriales y a muchos ahorradores, también puso de manifiesto la creciente complejidad y opacidad de los instrumentos financieros.

Para proteger los intereses de los inversores particulares, la Unión Europea (UE) realizó un importante cambio normativo. Su objetivo era mejorar la transparencia de las inversiones financieras ofrecidas en los 27 Estados miembros y así proteger mejor a los ahorradores con soluciones que realmente respondan a sus necesidades. Hay muchas soluciones de inversión disponibles, pero es importante asegurarse de que el dinero invertido cumple el objetivo establecido y se corresponde con las preferencias de los inversores.

La transparencia de la información es un elemento clave de la protección del inversor. En 2014, la Comisión Europea dio una serie de pasos en esta dirección en una directiva sobre los mercados de instrumentos financieros (MiFID II). Estos entraron en vigor en 2018.

Cuando prestan servicios, los bancos, las sociedades de gestión de activos, las empresas de inversión y los asesores financieros de inversión deben proporcionar a los clientes información detallada sobre los productos ofrecidos. Acciones, obligaciones, participaciones de fondos de inversión, sociedades de inversión de capital variable (SICAV): deben especificarse las características de estos productos, incluido su nivel de riesgo, el horizonte de inversión, el mercado objetivo, etc.

También se informará al cliente de la existencia y el importe o método de cálculo de las remuneraciones y comisiones pagadas o proporcionadas por terceros. Esta información adopta la forma de un documento que se entrega al cliente: el documento de información clave para el inversor (o DFI).

El segundo ámbito de protección es el conocimiento del cliente. Los proveedores de productos financieros tienen la obligación de ofrecer productos adaptados al perfil del inversor.

Para determinarlo, se somete al cliente a un cuestionario de «idoneidad» en el momento de entablar una relación con un asesor, que está diseñado para valorar la cultura financiera del cliente, su apetito por el riesgo, su situación financiera y sus objetivos de inversión. Desde agosto de 2022, el cuestionario incluye las preferencias del cliente en materia de inversión sostenible.

Este cuestionario permite definir el perfil del inversor y condicionar el tipo de productos o servicios que se pueden ofrecer. Esto significa que se ofrece a los clientes un asesoramiento adaptado a su perfil, basado en su nivel de conocimientos y experiencia en materia de inversiones, su situación financiera y sus objetivos.

El nuevo caballo de batalla de la Unión Europea son las finanzas sostenibles —esto es, todas las actividades financieras destinadas a beneficiar a la comunidad a medio y largo plazo—, objeto de un amplio plan de acción. Ante la incapacidad del sector público para financiar la transición energética por sí solo, la UE busca orientar el capital privado hacia la inversión sostenible.

De nuevo, esto se basa en parte en la información sobre la sostenibilidad de las inversiones financieras.
El Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR, por sus siglas en inglés), en vigor desde el 10 de marzo de 2021, exige ahora a los gestores de activos y asesores de inversión que publiquen información sobre cómo se aborda el riesgo de sostenibilidad. También les exige que indiquen los principales impactos negativos de sus inversiones. Esto permite al inversor comparar productos y elegir el que mejor se adapte a sus objetivos personales.

En este marco, la normativa obliga a las sociedades de gestión de activos, como Carmignac, a clasificar sus fondos en función de los objetivos que persiguen, entre los que destacan tres:

• el artículo 9 para productos con objetivos cuantificables de inversión sostenible en el seno de su proceso de inversión;
• el artículo 8 para los fondos que promueven las características medioambientales y sociales;
• el artículo 6, que agrupa los fondos sin objetivo de sostenibilidad.

Desde entonces, ha aparecido un componente medioambiental denominado «Taxonomía» europea. Este componente establece un sistema de clasificación común de la UE para identificar las actividades económicas que se consideran objetivamente «verdes».